Sucesos / Hechos Reales

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Ustedes viven confiadamente en un Estado democrático de derecho, se les repite desde el poder continuamente que tiene mucha suerte de vivir en un Estado como el nuestro, donde la gente es libre, donde nuestros gobernantes son democráticos y responsables, y donde una Constitución y un aparato judicial incorruptible están ahí para evitar cualquier conato de abuso de poder por parte de los que nos gobiernan.

No vivimos en una república bananera, no, esto es la España del siglo XXI, esto es Europa, y los ciudadanos que cumplimos con nuestro deber de respetar las leyes y pagar nuestros impuestos, podemos dormir tranquilos por las noches, pues ningún funcionario del Estado ordenará que la policía tire abajo nuestra puerta de una patada. Sabemos que no pueden hacerlo sin razones justificadas y sin una orden judicial. ¡Qué seguros nos sentimos, y qué orgullosos de vivir en este país tan democrático, desarrollado y civilizado! ¡Aquí no puede pasar eso, y si pasa es por un error que será inmediatamente reparado, sin duda! Y el escándalo será tan monumental que el caso saldrá en todos los telediarios como un caso asilado y asombroso de abuso de fuerza pública, de abuso de las fuerzas del Estado sobre sus ciudadanos.

Sí, realmente es una suerte vivir en España. Aquí un ciudadano honrado no tiene porqué temer a la policía ni a las gentes del gobierno, eso es lo que nos dicen todos. Aquí uno se puede dedicarse a trabajar, y con esfuerzo, poco a poco ir haciendo su vida. Una vez ahorrado un dinerito uno puede por ejemplo adquirir legalmente un terrenito, e ir invirtiendo en él lo que gana con su trabajo. Esto es España, y el artículo 33 de nuestra Constitución garantiza el derecho de todo ciudadano a que sus propiedades privadas no le puedan ser arrebatadas por el Estado, a menos que sea para un fin social, y aún en este caso se ha de indemnizar al propietario. Así pues, cómo somos ciudadanos honrados y muy cautos, hemos comprado nuestro terrenito a un propietario privado que tenía sus títulos de propiedad perfectamente en regla, con lo que no hay nada que temer: las leyes democráticas de este muy democrático país nos protegen de todo imprevisto. ¡Qué seguridad da este país! Claro, estamos en un Estado de derecho y muy democrático. ¿Cómo vamos a temer gastarnos nuestro dinero en una propiedad?

Pero he aquí que un buen día un funcionario jefe del Estado nos envía una carta diciéndonos que por orden del Consejo de Ministros nuestra propiedad no es nuestra. Y nos es que se trate de que nos la van a expropiar para hacer alguna obra social, no, sino que nos dicen que es que nunca ha sido nuestra, ni de nadie. Que es que siempre ha sido una propiedad del Estado, solo que nadie lo sabía hasta entonces, ni siquiera el propio Estado. Y nosotros le mostramos al Estado nuestros legales títulos de propiedad, y el Estado nos dice que eso está muy bien, que efectivamente son títulos de propiedad legales, pero que no valen para nada. Y le enseñamos los recibos de haber pagado los impuestos desde siempre por esa propiedad, y el Estado, que los ha estado cobrando sin poner objeción alguna desde siempre, da el mutis por respuesta. Y la prensa hace pública una y otra vez la versión difamatoria que da el Estado, y nos presenta ante toda España como ocupantes ilegales que no tienen título alguno y que nunca han pagado impuestos.

Pero ante lo absurdo del caso estamos tranquilos, no perdemos la calma, porque esto ya no es una dictadura, y se ha de imponer la lógica. Estamos en un estado democrático de derecho, y la ley está de nuestra parte. Los jueces no consentirán tal atropello, y un funcionario jefe del Estado, tan preparado él como tienen que estar para llegar a ese cargo, y tan listo y honrado como tiene que ser para estar ahí, sabe perfectamente que no puede quitarnos nuestra propiedad si no lo autoriza un juez. El hombre se ha equivocado, ha cometido una lamentable equivocación, pero seguro que todo se arreglará. ¡A qué preocuparse pues! Vivimos en un país civilizado. No somos ocupas, ni hemos cometido delito alguno. La ley nos respalda. ¿Acaso no piensan ustedes lo mismo? ¡Claro que sí!

Estado de derecho, democracia española, derechos ciudadanos, derecho a la propiedad, división de poderes, ohhhhhhh, que seguridad nos da todo eso. Pero............... .....................¿Que pensaría usted si un día de madrugada se presenta ante su casa y la de sus vecinos un convoy formado por mas de 50 guardias civiles, varias palas excavadoras y funcionarios del Estado diciéndoles que van a derribar sus casas y hacerse con su propiedad diciendo que nunca ha sido suya? ¿Qué pensaría usted si al pedir una orden judicial al funcionario jefe del Estado que dirige la operación este le dice que no le hace falta y que si no se aparta tendrá que atenerse a las consecuencias? ¿Qué pensaría usted si ve como de golpe de pala le abren un boquete a su vivienda y entran el ella gentes sin su permiso y sustraen los enseres?¿que pensaría si sus enseres quedan hechos pedazos tras el golpe de pala y posteriormente bajo escombros? ¿Dónde irían todas sus ilusiones en este Estado democrático viendo como los bulldozers derriban su propiedad y no dejan piedra sobre piedra? ¿Dónde van sus derechos? ¿Esto está ocurriendo en España? ................

Pues bien, esto no es una ficción. Esto ha sido una realidad. Esta realidad la han vivido 300 propietarios españoles que tenían sus fincas en Lugar Atalaya de Vilarrube (A Coruña), y treinta y cinco de ellos tenían ubicadas sus viviendas en las mencionadas fincas en el año 2005. Y aquí, de momento, no ha pasado nada.

Queremos que ustedes mismos juzguen y se den cuenta en qué país vivimos, aunque les parezca increíble, es una historia real, cruel pero muy cierta.

Narráremos esta historia de forma resumida, lo suficiente para que puedan entender como lo están pasando estos ciudadanos, “victimas de la llamada democracia, y entender así el estado emocional y físico en el que se encuentran; todos ellos tienen algo en común “han perdido sus propiedades y les han acortado sus vidas”, tras el relato, rogamos opinen sobre esta historia, opiniones que haremos llegar a los afectados, escribiendo al correo electrónico asociacionaapv@asociacionaapv.es, deseamos que con vuestras opiniones logremos que mejore su estado emocional.

Lo que ha ocurrido en Lugar Atalaya de la localidad de Villarrube del T.M. de Valdoviño, en la provincia de la Coruña, ha sido una destrucción total de sus gentes, sus viviendas y el entorno.

Deseamos que la opinión pública conozcan la verdad y las circunstancias que dieron lugar al derribo de las viviendas del lugar señalado y poder asi entender por qué ha sido imputado el jefe de la Demarcación de Costas de Galicia, Rafael Eimil.

Esta es solo una breve exposición de los hechos y en ella queremos informarles del acoso y presuntas ilegalidades de las que han sido víctimas unos vecinos y propietarios de sus viviendas y fincas de Lugar Atalaya-Vilarrube, Valdoviño (A Coruña), cometidas por el propio Jefe de la Demarcación de Costas de Galicia, Rafael Eimil. Dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, (es decir del Estado) que el 30 de noviembre del 2005 han visto horrorizados como sus viviendas eran derribadas en presencia y por orden del señor Rafael Eimil. Fue el mismo, en persona a dar la orden de ejecución, cometiendo varios presuntos delitos que relato en párrafos posteriores y que de los que ha sido responsable, contando con la complicidad del los gobernantes de entonces del Ayuntamiento, concretamente el concejal de obras, aferrado durante años a su cargo y de la escolta que llevo este Sr. Rafael Eimil, para protegerse el mismo, compuesta de más de medio centenar de Guardia Civil, cuerpo de seguridad del estado, que supuestamente esta para proteger a los ciudadanos, pero en este caso fue todo lo contrario, protegían a un alto cargo, haciéndose cómplices del mismo.

Los derechos de los propietarios en el caso de Vilarrube son mucho más consistentes que en otros casos de viviendas construidas próximas al mar, que sí están claramente en Dominio Público Marítimo Terrestre y que nada se hace contra ellas. Hablamos de chalets, urbanizaciones y hoteles que existen en todo el litoral español, donde personas de clase alta o medio alta disfrutan de un lugar con acceso directo a la playa.

Este agravio comparativo hace todavía más sangrante el empeño del Estado en derribar las viviendas de Vilarrube, dado que frente a miles de casos donde el Estado pudo haber actuado con toda la razón, se prefirió elegir para dar ejemplo de protección del litoral un caso donde los derechos del Estado son cuando menos dudosos, dado que había previamente unos firmes derechos de propiedad por parte de los afectados y la Ley de Costas no se podía aplicar de forma clara y transparente, sino recurriendo a subterfugios legales y a pruebas cogidas por los pelos. En la Demarcación de Costas de Galicia se eligió estas propiedades de Lugar atalaya Vilarrube como primera gran actuación estelar (y hasta el momento único en toda España de este calibre). Y el gobierno central, deseoso de mostrar a la opinión pública su nueva política de tolerancia cero con la ocupación ilegal del litoral español, se apresuró a aprobar esta actuación, haciendo ver que era ejemplarizante de otras muchas que la seguirían en todo el Estado. Lo de menos era estudiar el caso en particular, era escuchar a los propietarios y valorar su documentación, era dialogar con ellos y buscar una negociación, tal y como se hizo luego en otros casos donde los derechos del Estado eran mucho más claros ¿Por qué tanto empeño en Vilarrube y tanta tolerancia en otros muchos casos? La respuesta puede estar en el interés personal de varias personas que en ejercicio a sus cargos tenían en vista ciertos negocios e intereses relacionados con la playa, situada a más de 500 metros de las propiedades mencionadas, de los que hablaremos más adelante. No hay que olvidar que Rafael Eimil imputado por allanamiento de morada, prevaricación, (prevaricación: delito penal cometido por los funcionarios públicos, consistente en dictar una resolución manifiestamente injusta con conocimiento de ello es decir que a sabiendas cometen una injusticia y vulneran la ley) e inviolabilidad domiciliaria. Lo cual indica que LA JUSTICIA ha encontrado indicios del abuso de poder por parte de Rafael Eimil.

Los propietarios se vieron solos en la defensa de sus propiedades. Nadie les quiso escuchar, nadie quiso comprobar si realmente tenían títulos de propiedad. Sólo algunos periódicos dieron testimonio de la existencia de estos títulos, pero esto fue ignorado por la administración que siguió tachando machaconamente de ocupantes ilegales a los propietarios, y dado que esta era la postura oficial, fue la que se impuso a la opinión pública. Se difamó continuamente a los propietarios al considerar que el Estado estaba recuperando una propiedad que era suya, que siempre había sido suya y que los propietarios la habían usurpado. Ni siquiera se hizo por parte del Estado el menor esfuerzo por explicar a los propietarios y a la opinión pública como era posible que el Estado emprendiese la recuperación de unas tierras de su propiedad, cuando no había ningún documento que estableciese que estas tierras eran propiedad del Estado, y sin embargo si había muchos, y muy antiguos y del todo verídicos, que establecían la propiedad particular de estas tierras. La Administración se cerró siempre en el mismo argumento de que eran tierras públicas y por lo tanto no podían ser privadas, cualquier ocupante privado era un usurpador.

Los propietarios informaron de las intenciones del señor Eimil de proceder a la ejecución de un derribo sin orden judicial –lo cual es un delito por el que próximamente va a ser juzgado este señor- y pidieron ayuda al Presidente del Gobierno, al Presidente de la Xunta, a la Ministra de Medio Ambiente, al Ayuntamiento y al Defensor del Pueblo, pero ninguno hizo nada por evitar el derribo, y tan solo abrió investigación el Defensor del Pueblo, a pesar de que a todos se les enviaba la documentación que demostraba que no había lugar a ninguna recuperación posesoria del dominio público, dado que se enviaron títulos de propiedad, recibos de la contribución, impuesto de recogida de basuras, documentos que acreditaban que estas tierras no pertenecían al DPMT, informe de ingenieros técnicos de ser un núcleo residencial tradicional consolidado etc. El Defensor del Pueblo habiendo recibido la información de la actuación que pretendía emprender este señor por buro fax, y recibiendo la documentación mencionada, contestó y abrió una investigación, pero acabó concluyendo que tras analizar pormenorizadamente el caso no apreciaba ni la más leve sombra de delito, considerando que el procedimiento había sido el correcto por parte de la Demarcación de Costas de Galicia. ¿Cómo es posible que su respuesta fuera esta y que el señor Eimil este imputado por la justicia y por la Fiscalía del Estado por estos hechos? ¿Por qué cierran los ojos y no ven lo que tienen que ver?¿que esta pasando?

Dado que, ante el muro de silencio y rechazo que se levantaba en las instituciones controladas por el partido del Gobierno no tenían nada que hacer, decidieron poner los hechos en conocimiento de la oposición, contactando con Arsenio Fernández de Mesa, Diputado en el Congreso del Grupo Popular, el presidente de partido popular Sr. Feijoo, quienes sin ninguna duda les alzaron las manos para ayudarles, poniendo estos hechos en conocimiento del parlamento y exigiendo al estado que diesen una respuesta a estas actuaciones, las primeras respuestas tardaron casi seis meses en dar, respuestas dadas por la propia ministra del medio ambiente, en las que decía que no había ninguna irregularidad, fecha en la que ya estaba imputado el jefe de la demarcación de costas de Galicia, ocultando la verdad, los mismos vuelven a preguntar sobre este tema, y hasta le fecha, casi un año después de las preguntas, siguen sin respuesta. No queremos que vean esto como una campaña publicitaria, no, tan solo se reflejan aquellos que ayudaron y apoyaron a estos afectados y que anterior a estos hechos Don Manuel Fraga, el anterior Jefe de la Demarcación de Costas de Galicia, Sr. Babío, y el anterior subdelegado del Gobierno, años atrás habían impedido que Rafael Eimil y sus cómplices (funcionario e ingenieros de costas) cometiesen este acto ilegal que ahora pudo cometer al cambiar el partido del gobierno, no le falto tiempo, cogió el cargo y ¡hala¡, ¡al ataque¡ Cogió el cargo el cuatro de octubre de 2005 y el día 30 de noviembre de 2005, ejecuto los hechos que se relatan.

Estos actos los comete el Sr. Eimil cumpliendo sus amenazas hechas hace décadas, cuando intentó ampliar el deslinde en Vilarrube alegando que el mar llegaba a aquellas tierras mediante un informe pericial “del que extrajeron las muestras del rio que enlaza con la playa”, que claro esta, el resultado seria características señaladas en la ley de costas 22/88, pero salió descubierto y se vio obligado a echarse atrás por sus superiores. Ya existe un deslinde aprobado por O.M en 1983 que deja fuera del dominio público marítimo estas propiedades, y existen documentos que así lo indican y hasta la fecha el mar no ha variado, y este deslinde es por el que se rige la Ley 22/88 de Costas, y es el deslinde vigente en tanto no se resuelva judicialmente el expediente del nuevo deslinde que inicio la demarcación de costas en el 1995,concretamente el encargado del expediente es el cómplice de Sr. Eimil, encargado del estudio y de todo el proceso que conlleva un deslinde. ¡qué casualidad¡, funcionario e ingeniero de costas y amiguillo de Rafael Eimil, y ambos además de la universidad de ingenieros de canales y caminos, siendo Rafael Eimil componente de la directiva de la mencionada universidad y profesor además de la misma. Algo que es inaudito, que estando imputado este Sr. Rafael Eimil, pueda estar ejerciendo el cargo de Jefe de demarcación de Costas y continúe impartiendo clases ¿Cómo puede el estado permitir, que un imputado de clases a jóvenes que están iniciando su carrera?¿es este un buen ejemplo para nuestros futuros ingenieros?, desde luego no.

Y ¿como puede fallar la justicia a favor de costas cuando, según la propia Ley de Costas, 22/88 indica que solo se puede hacer un nuevo deslinde si ya existe otro totalmente deslindado y aprobado como era el caso?, aprobado por O.M en 1983, salvo variase el nivel del mar, algo que como he dicho no ha ocurrido y por supuesto declarando el anterior lesivo y ninguna de las dos circunstancias han ocurrido en las propiedades señaladas. Si está claro que los informes que han presentado son de la propia demarcación de costas, y por consiguiente tienen más validez que, el que presentaron los propietarios, hecho por un ingeniero técnico de canales, caminos y puertos, en el que dice muy claramente que estas propiedades no tienen las características de suelo de DMPT, se trata de terrenos Coluviales y Continentales, pero el poder manda y no ha servido de nada, este informe lo han omitido, como si no existiese.

A día de hoy el Sr. Eimil se encargó de sacar todos los mojones que delimitaban el deslinde de 1983, el mismo día de los hechos y echó arena en todas las tierras, junto a otras actuaciones que relato más adelante, sin duda con la intención de hacer ver que todas esas tierras eran zona de playa, enmascarando la realidad anterior y destruyendo un paisaje de campos y arboledas. El Sr. Eimil mandó arrasar con todo: destruyó toda la vegetación, campos, árboles, algunos del siglo pasado (castaños, nogales, frutales, abedules), plantaciones de maíz y patatas, cierres de vegetación. No tuvo reparo en destruir árboles que estaban protegidos, cometiendo un atropello brutal y destructivo sobre el medio ambiente que teóricamente tiene que proteger. Pueden ver fotos para que vean como era Lugar Atalaya-Vilarrube antes del 30 de noviembre de 2005, y puedan comprobar así, cómo un señor que representa la defensa del medio ambiente se dedica a convertir un paisaje natural en un erial arenoso, sin duda con la intención de preparar rápidamente el terreno para que cuando saliera el juicio en el Tribunal Supremo de Madrid pudiera hacer ver que estas tierras eran zona de arenal, juicio cuya sentencia falló el pasado julio de 2006, es decir casi un año después de ejecutar este Sr. los derribos, basándose en que estaban en DPMT y todavía no estaba establecido judicialmente que estas tierras se incluirían en el deslinde, y de ser el fallo a favor de la Demarcación de costas, a partir de la sentencia pasaran las tierras antes privadas a ser tierras concesionales, así lo señala claramente la sentencia del supremo y la propia ley de costas, es decir que los propietarios de las tierras tienen la concesión en derecho de las mismas, siendo la concesión para los propietarios y lo que en ellas se ubicaba, como son sus viviendas, jardines, arboles, plantaciones, etc., en definitiva todo lo que destruyo Rafael Eimil y sus cómplices. Y no les bastó con destruirlo todo sino que destruyo las dunas protegidas sustrayendo la arena de las mismas, para tapar los campos, ocultando así todos los indicios continentales, cambiando totalmente la apariencia del paisaje, ocultando su carácter continental de tierra agrícola. Y no es de extrañar, dado que en el proceso administrativo ya había presentado fotos en las que se ven los campos encharcados de agua dulce de la lluvia, para presentarlas como hasta ahí llegaba el mar, cuando en realidad es un proceso muy común en Galicia que las tierras bajas se inunden en invierno cuando hay lluvias copiosas.

Para hacer la exposición más clara hemos decidido dividirla en tres partes: antes del derribo, derribo y después del derribo.

LA PLAYA DE VILARRUBE ANTES DEL DERRIBO

Desde tiempos inmemoriales existen tierras de propiedad privada en la zona de A Atalaya, en la Playa de Vilarrube, residencial y dedicadas al cultivo. Estas tierras son las que nos interesan, pues en ellas se asentaban las viviendas que fueron derribadas en Vilarrube, y sobre estas tierras y sus viviendas se ha centrado la polémica sobre la legalidad o ilegalidad de estos derribos. Una de las principales reivindicaciones de los propietarios de estas tierras ha sido siempre que no se los confunda con la playa propiamente dicha.

Cómo ya dijimos, en los días previos al derribo la Demarcación de Costas de Galicia emprendió una campaña de intoxicación informativa tachando a los propietarios de ilegales y ganando la batalla de la opinión pública, al presentar las viviendas cómo si estuviesen construidas sobre la arena de la playa, sobre patrimonio público cuyo disfrute ha de ser de todos los ciudadanos. Al equívoco ayudaba el hecho de que los propios propietarios decían tener sus viviendas en la Playa de Vilarrube, lo cual no significaba “sobre la playa”. Lo cierto es que no hay que confundir la zona en la que estaban las viviendas, llamada A Atalaya, con la playa propiamente dicha, ni con el arenal de dunas posterior a la playa. La zona de la que hablamos es la que está situada a los pies del acantilado sobre el que está trazado actualmente el recorrido de la carretera nacional que une Ferrol y Cedeira, situándose el pueblo de Vilarrube al otro lado de la carretera. Y aunque ahora, tras los derribos, la Demarcación de Costas de Galicia haya sembrado la zona de arenas procedentes del arenal y cegado los pozos de agua dulce para dar apariencia de playa, la cierto es que era y es tierra firme y continental. (Ver planos de situación en datos adjuntos).

El lugar A Atalaya está formado por tierras constituidas por profundos depósitos de aluviones arrastrados por los ríos y las aguas de escorrentía de las lluvias, un arrastre de materiales que ha sido considerable debido a la fuerte pendiente del acantilado y de la ladera montañosa que se inclina hacia el mar sobre la que se asienta el pueblo de Vilarrube. Son tierras pues de claro origen continental, algo que se confirma fácilmente con numerosas pruebas, tales como la textura de los materiales, lo abundante de la vegetación, la existencia de más de cincuenta pozos de agua dulce perfectamente potable de la que se nutrían las viviendas, así como su uso agrícola desde tiempos remotos, manantiales de agua dulce y totalmente potable, un privilegio natural que pocas zonas tienen, y algo que también se encargó de destruir este jefe de demarcación tapándole y haciéndolo desaparecer, un manantial de los que muchos ciudadanos acudían de todos los lugares para poder beber una agua tan rica. Un informe geomorfológico confirma además que no son tierras cuyo origen sea debido a la acción del mar, sino a los arrastres continentales. El suelo de esta zona se ha formado, como todo suelo, durante miles de años, y un suelo tan profundo y bien formado que en las tierras de A Atalaya se cultivaba desde hacía siglos maíz, trigo o frutales, y crecían árboles de profundas raíces como robles, castaños o nogales. Los nombres de las parcelas de cultivo de la zona nos llevan a la vieja Galicia rural: “O manso”, “O Cotelo”, etc., nombres por los que las conocían los vecinos del pueblo que las cultivaban, y que bajaban y subían a esta zona desde el pueblo por viejo y angosto camino de paredes verticales, convertido aún hoy en el único acceso a la playa en vehículo.

Una de las razones por las que la Demarcación de Costas de Galicia ha reclamado estas tierras como parte del Dominio Público Marítimo-Terrestre es la aparición en las catas de restos de materiales marinos (conchas, algunas arenas de origen marino a niveles profundos). Tales apariciones no son raras, dada la proximidad a la zona de dunas y los vientos que las arrastraban y depositaban en las mencionadas tierras. Pero no son significativos. Muchas zonas de España que hoy son continentales estuvieron cubiertas por las aguas hace miles de años (Valencia, Cataluña, etc.) y no por eso hoy se consideran Zona de Dominio Público Marítimo Terrestre. Y el arrastre de materiales marinos aislados por el viento, el hombre o los animales a zonas aledañas, es algo que tampoco puede justificar que esa zona fuese recientemente marina.

En fin, el hecho clave y básico es que las tierras del lugar A Atalaya eran de uso agrícola y de propiedad de los vecinos de Vilarrube desde quizás la Edad Media. Estos vecinos tenían sus escrituras de propiedad y las parcelas agrícolas de A Atalaya se heredaban y se vendían como cualquier otra propiedad. Ese es un hecho indudable, que la Demarcación de Costas de Galicia se ha limitado a hacer como si no existiese, obviándolo por completo y haciendo oídos sordos a las reclamaciones de los vecinos. Cualquier documento que se enviaba a la demarcación de costas, Rafael Eimil sé encargaba de devolverla sin ser él, además por aquel entonces jefe de demarcación de costas, firmando como tal, alegando la misma letanía.

En la segunda mitad del siglo XX, cuando se pone de moda el veraneo de playa en España, el uso de las tierras de A Atalaya se convierte además de agrario en residencial. Los propietarios permiten acampar en sus tierras a familiares, amigos de familiares o amigos que acuden todos los veranos a pasar allí sus vacaciones, cerca de la playa y en un paraje de asombrosa belleza. Los propietarios cuidan el medio ambiente y organizan todo tipo de actividades lúdicas para niños y mayores en las que participan todos los vecinos, usuarios de la playa, turistas procedentes de cualquier punto de España, etc. La playa se encuentra abandonada por parte del Ayuntamiento, y la demarcación de Costas de Galicia, su acceso es muy difícil, dado que solo cuenta con el viejo y estrecho camino de tierra y piedras por donde bajaban antiguamente los carros para realizar las tareas de labranza, y en la playa propiamente dicha no hay ni puesto de socorrismo. Son los propios propietarios los que arreglan el camino y atienden a los bañistas aquejados de las frecuentes picaduras de escarapote, rescates, etc., destacar con esto que en esta playa hubo muchos ahogados, y que a pesar de ello, el propio ayuntamiento y la demarcación de costas se negaba a poner, algo imprescindible como es un puesto de socorrismo, y todo porque decían, tanto el concejal de obras de aquel entonces como Rafael Eimil y su mano derecha, que no podían ponerlo porque sería poner un servicio del que también se iban a favorecer los propietarios de la Atalaya ¿cómo pueden jugar con la vida de los ciudadanos, por el mero hecho de no favorecer a los propietarios? ¿No son esos propietarios igual de ciudadanos y españoles, como cualquier usuario de la playa de Vilarrube?, estos afectados pagaban sus impuestos como cualquier ciudadano por sus fincas y viviendas ¿No es discriminatorio?

Los propietarios y esta Asociación AAPV invitan a discapacitados a pasar días en la playa y hacer actividades varias en contacto con la naturaleza, algunos de ellos vieron cumplidos sus sueños tocando el mar y todo con ayuda de los propietarios, ya que ellos hacían de voluntariado a la Asociación de amigos da playa de Vilarrube, nacida hace décadas.

Pero esta pequeña comunidad de propietarios felices pronto verá truncada su felicidad. Determinadas personas del Ayuntamiento de Valdoviño se dan cuenta del potencial de la zona para crear en ella un negocio redondo: crear un camping privado, y conseguir esa bandera azul que tanto beneficio económico aporta, lucrándose el propio Ayuntamiento de Valdoviño y transformar la playa de Vilarrube en La Frouxeira 2, para lucrarse así de los fondos económicos que recibirían por poseer la bandera azul, un gran negocio. Algo que de momento no puedan obtener porque no es una playa que tenga todas las instalaciones necesarias y exigidas para este fin. Y desde luego si en este año 2007 la obtuvieran, seria muy dudoso la obtención del mencionado titulo, pues carece de agua potable para puesto socorrismo, para los baños asentados en pleno arenal, que difícilmente un discapacitado puede utilizar, igual de intransitable esta el llamado gran paseo del que habla el Sr. Rafael Eimil y por el que pagamos todos los españoles un dineral, son unos simples tablones que pasan unas cuantas dunas, ¡ese es el gran paseo¡, no tiene acceso a la misma, el único acceso es el mencionado anteriormente de paso de carros de labradío, etc. y mas anomalías que se aleja bastante de las condiciones para la obtención de la bandera azul.

Si tanto atractivo tenía la playa de Vilarrube para los propietarios de los terrenos colindantes con DPMT ¿Por qué no cobrarles por ello y así hacer dinero? Se llegan a bajar materiales a la playa para iniciar las obras. Se intenta que los propietarios vendan sus tierras pero no se consigue. Entonces se empieza una política de acoso multando a los que intenten acampar en la zona aunque sea con permiso de los propietarios de las tierras. Y lo que es peor, ante la negativa a aceptar la oferta de compra por parte del Ayuntamiento se empiezan oír rumores por primera vez relativos a poner en duda la titularidad de las tierras ¿Quién está detrás de esta política de acoso a los legítimos propietarios de las tierras? El acoso proviene de dos cargos públicos: el concejal del ayuntamiento y Rafael Eimil.

El concejal de Obras y Rafael Eimil muestran mucho interés en la creación del camping. Si estos señores tenían empeños personales en conseguir el camping es algo que está por demostrar, pero lo cierto es que pusieron un celo extremo en lograr su objetivo. Hay que remarcar aquí que las tierras privadas de A Atalaya estaban totalmente fuera de las tierras pertenecientes al Dominio Público Marítimo-Terrestre, tal y como indicaban los mojones que limitaban el dominio del Estado y tal y como indicaban documentos facilitados por la propia Demarcación de Costas de Galicia a los propietarios. De ahí que solo se comprenda la presión sobre los propietarios intentando atemorizarlos con quitarles sus tierras si no vendían más que por el interés en hacer con camping, chiringuitos y su bandera azul con fines lucrativos, y que es Rafael Eimil el encargado del proyecto, tal y como ocurrió finalmente y en la tercera parte de este articulo hablare de ello. Los medios de presión utilizados son variados y van cambiando con el tiempo.

En un principio el objetivo es echar a los propietarios mediante la imposición de multas y a pesar del miedo a ser multados, siguieron haciendo su labor social. Aunque les sancionaban los vehículos estacionados en sus propios terrenos continuamente y tanto la policía local como los agentes de la demarcación de costas acudían diariamente, buscando cualquier motivo para imponer una multa, atemorizando así a todos los propietarios, y si instalaban alguna tienda de campaña para el disfrute de los hijos de los propietarios, para cuando se realizaban los campamentos de convivencia para integrar los discapacitados con familias, en sus propias viviendas, haciendo una gran labor social y sin ningún animo de lucro, tan solo por hacer felices a todos y que de alguna manera pudiesen disfrutar de unas vacaciones, ya que por sus necesidades económicas no se lo podían permitir.

Hace más de tres décadas intentaron arrebatar las propiedades, bajaron camiones, escarbadoras, piedra, gravilla para proceder a los derribos y comenzar las obras para el camping, organizador de todo, la demarcación de costas y el concejal de obras, para destruirlo todo e iban comenzar por una capilla instalada en los terrenos de su propiedad del párroco Don Elías, también fueron encabezados por guardia civil y por supuesto sin orden judicial, tan solo con el poder de los cargos que ostentaban. Niños y adultos protegieron las edificaciones y las excavadoras tuvieron que retirarse ante la firme decisión de propietarios y vecinos de no ceder ante ellas. La solidaridad de los propietarios y usuarios de la playa hicieron que desistieran de cometer el delito que iban a ejecutar, siendo esta razón la primera piedra de la lucha que se iba a entablar entre quienes defendían el derecho al disfrute de las tierras de las que eran propietarios y quienes querían arrebatárselas. Los primeros se consideraban víctimas de tener propiedades en un paraje privilegiado y por ello apetecido por intereses especulativos que estaban dispuestos a todo con tal de construir su camping privado. Les salió mal porque, por aquel entonces los propietarios eran jóvenes y tenían más energías y estaban en la plenitud de la juventud y no iban a permitir que les arrebataran lo que era de ellos, y algo de lo que se aprovecho Rafael Eimil, que sabía que ahora los propietarios era la mayoría pensionistas y muchos de ellos discapacitados, se aprovecho de la edad de los mismos para atemorizarlos.

Es en esta tesitura cuando se produce un relevo generacional entre los propietarios de tierras en A Atalaya, y este relevo va acompañado del paso de la propiedad de las tierras a residentes en el pueblo, a personas que residen fuera del pueblo, en otros pueblos, en ciudades como Ferrol, A Coruña, Lugo o Madrid. Los nuevos propietarios acceden a las tierras por dos vías, en cualquier caso, ambas plenamente legales. Nadie ocupó ilegalmente tierras vacías. Por un lado están los descendientes de los antiguos propietarios que heredan las propiedades pero ya no residen en el pueblo, sino que han fallecido; por otro lado tenemos a personas de variada procedencia (Ferrolterra, Lugo, Madrid) enamoradas del paisaje de gran belleza de la zona (algunos usuarios habituales de la playa), que adquieren propiedades de A Atalaya a sus dueños. Ni los que heredan ni los que compran las tierras mediante compra legalmente escriturada ante notario y las inscriben en el Registro de la Propiedad,(inscripción que no es obligatoria) tuvieron nunca el más mínimo problema ni se les advirtió que cometieran ninguna irregularidad, porque de hecho no la cometían.

Con el tiempo, a pesar del acosa al que fueron sometidos desde décadas y sin pertenecer la DPMT tanto por Costas como el concejal de obras, los propietarios siguen peleando y luchando para cuidar la playa de Vilarrube, contrataban ellos mismos tractores para limpiar la playa, una vez en semana se hacían guardias para vigilar, que los usuarios de la playa no dejasen cosas tiradas por la misma, y recogiendo los propietarios las basuras que allí dejaban los usuarios cuando finalizaba su día de playa, la asociación AAPV instalo contenedores por toda la playa, vigilaban que los furtivos no fueran a marisquear, ya que de ello viven muchas familias, y que si aplican todo el proyecto que tenían pensado por aquel entonces, también desaparecerá, ya que el vivero que existe en la playa de Vilarrube es el único natural de Longueiron y Coquina, y con el proyecto que tenia Rafael Eimil, el mismo que tenia por aquel entonces, es retirar durante 18 meses arena de la playa de Vilarrube y transportarla para la playa de Cedeira, porque de esta manera si cambiara la morfología de las mareas, pero no porque lo cambie el mar, sino porque lo manipula el hombre, en este caso Rafael Eimil, que a pesar de estar imputado por los jueces y por el fiscal del Estado, continua gobernando ¡es vergonzoso!

El Ayuntamiento al que pertenecen estas propiedades, declara la zona como Zona Rural Tradicional Consolidada, cobra los impuestos de la basura, pone un servicio de recogida de basuras y numera las viviendas, el servicio de correos atiende a estas direcciones de domicilios, el Ministerio de Hacienda cobra la contribución por las construcciones destinadas a vivienda (construidas desde los años 70). En fin, de hecho en A Atalaya ha nacido una nueva población consolidada que cobra claros visos de regularizar plenamente su situación, y al que el propio Ayuntamiento da el estatus de Zona Rural Tradicional Consolidada .

Sin embargo el concejal de obras no todo estaba dispuestos a renunciar a sus proyectos. Se buscó apoyo en Rafael Eimil y su mano derecha, encargado del expediente de deslinde, para realizar una política de obstruccionismo a la prestación de servicios a la zona, así como el único acceso por carretera a la zona, el otorgamiento de permisos de obras para reparar el único acceso a la playa, eran negados a los vecinos repetidamente, a sabiendas además que algunos de los vecinos de allí eran discapacitados y acudían diariamente al hospital a realizar su rehabilitación, teniendo que bajar las ambulancias diariamente, y que los propios empleados de las ambulancias, decían que era vergonzoso que tuviesen un acceso de estas características, con baches algunos de ellos hasta medio metro de profundidad, en consecuencia si el paciente podría recuperar en x tiempo, por estas circunstancias se duplico el periodo de rehabilitación, a pesar de reclamarlo por escrito reiteradamente tanto el acceso, como el puesto de socorrismo como la limpieza de la playa, tanto a la demarcación de costas como al Ayuntamiento, claro esta que acababan en manos del concejal de obras. Hacían caso omiso y juraron no hacer nada, y tras escrito, escrito, etc. repetidamente la AAPV consiguió que se instalara el puesto de socorrismo, algo que hay que agradecer al Sr. Ricardo Babio, cuando se entero de toda la verdad, teniendo las escrituras y demás documentos etc., sosprendiendose de cómo este funcionario y su cómplice, pudiesen engañar tan vilmente a sus superiores, enmascarando la realidad, fue entonces cuando tomo cartas en el asunto y obligo que se instalara el puesto de socorrismo y se arreglasen el acceso las veces que fuesen necesarias y las sanciones que interpusieron a los propietarios alegando que estaban en DPMT, exigió que se archivaran ,que no era competencia de la demarcación de Costas ya que esas tierras no pertenecían al DPMT.

Rafael Eimil era capaz de hacer cualquier cosa on tal de cumplir su objetivo, hasta el punto de firmar documentos que no les correspondía a el firmar porque no era jefe de demarcación, y firmaba como tal y cualquier documento que remitías, como por ejemplo escrituras de las propiedades las devolvía diciendo que no recogía documentación porque no reunía los requisitos.

Cuando el Sr. Babio, Fraga, El subdelegado del gobierno tras enterarse de todo el engaño, toman urgentes cartas en el asunto, y nos ayudan en las actividades que realizaba la AAPV, y en la protección de estos propietarios que estaban indefensos, haciendo que cesara el acoso al que estaban sometidos.

Después de pasar unos años en tranquilidad, comienza nuevamente el acoso. Las multas por tener sus vehículos en sus propiedades, se suceden y se arroga competencias sobre estas tierras a pesar de estar fuera del deslinde aprobado totalmente por O.M en 1983, al considerar que están dentro de la zona de los 100 metros de la marea más alta, cuando realmente estas propiedades desde la marea más alta están ubicadas a una distancia de más de 500 metros ¿cómo se puede entender que la ley dice 100 metros y en el lugar la Atalaya son más de 500 metros, y el paso de servidumbre comienza en la carretera comarcal que va de Ferrol a Cedeira. En definitiva tal y como han presentado los informes en el tribunal supremo, la carreta que va desde Ferrol a Cedeira es Arenal y pertenece al DMPT, Se multa a los vehículos de los propietarios que aparcan en tierras de su propiedad, justificándolo como que están aparcados sobre las dunas (algo totalmente falso). Multas que tras demostrar que eran terrenos privados se archivan porque no daban lugar a las mismas, ya que no estaban en DPMT.

Por su parte el Concejal de Obras, sigue negándose a arreglar el camino de bajada a la playa (las subvenciones cobradas para ello se destinan a otros fines, entre ellos arreglo la carretera que va para Vilaboa, casualmente para la casa del propio concejal ), Hacen el enganche de la luz pública, para el chiringuito, y por supuesto pagándolo el Ayuntamiento con el dinero de todos los ciudadanos. Mantiene engañada a la alcaldesa de aquel entonces, manifestándole que los propietarios son ocupantes ilegales de esas tierras que no tienen títulos de propiedad. Además solicitan subvenciones para suprimir las barreras arquitectónicas y utilizan la subvención que la da la Xunta para pintar el ayuntamiento, nada mas y nada menos que para pintar el Ayuntamiento ¡que bonito¡ pero los discapacitados siguen sin poder acceder y a las denuncias interpuestas por estas razones, el concejal de obras hace caso omiso(gracias que se ha cambiado los órganos de gobierno y el mencionado concejal, que tantos años se aferro a su puesto, ya no esta, y lo primero que han hecho los nuevos órganos de gobierno, fue suprimir las barreras arquitectónicas, agradecemos desde esta asociación a los nuevos órganos de gobierno, por cumplir una ley que desde hace décadas esta ahí, y que pocos la cumplen, gracias por entender a este colectivo que tanta necesidad tiene de que se cumpla ”ley de Accesibilidad”, algo imprescindible para poder vivir como cualquier ciudadano). ¿será que el concejal de obras no sabe que suprimir barreras arquitectónicas, significa suprimir las barreras para que cualquier persona con movilidad reducida pueda acceder a un lugar público ¿se pensara que viendo qué bonito esta el ayuntamiento ya no necesitan acceder? Esperamos que las denuncias que se le interpuesto desde esta Asociación AAPV les han interpuesto tanto a Rafael Eimil como al ayuntamiento por incumplimiento de la ley de Accesibilidad, no caiga en saco roto y no se extravíen. Que las responsables de beneficiarse de la subvención para tal fin y utilizarlo en otros fines, sean castigados.

Por su parte Rafael Eimil y su cómplice, quienes empiezan a reclamar las tierras de A Atalaya como dominio público y emprenden una política de atemorizar a los propietarios con amenazas de quitarles sus tierras y derribar sus viviendas. Aunque a la Demarcación de Costas se envían los títulos de propiedad de las tierras, estos se ignoran y Costas sigue expresándose como si las tierras fueran ocupaciones ilegales.

Los propietarios continúan unidos para defender sus derechos y unidos con la Asociación de Amigos da Praia de Vilarrube (AAPV), asociación legalizada hace mas de 2 décadas, una asociación sin ningún animo de lucro, socio-cultural, social, deportiva, etc. organizando juegos en la playa, cenas, bailes, excursiones y múltiples actividades en las que participan también usuarios de la playa, otras asociaciones tales como asociaciones de Discapacitados de Ferrol que son invitadas para así colaborar en su integración, haciendo los miembros de la AAPV de cuidadores. Pero actuará también como coordinadora de las acciones legales de los propietarios en pro de sus derechos y como movilizadora de los propietarios para realizar manifestaciones tales como la realizada para mejorar el acceso a la playa, en la que colaboraron numerosos discapacitados que no podían ir a ella por su complicado acceso, además cuidar de la playa, su entorno y sus gentes, y no solo a nivel provincial sino a nivel estatal, en apoyo para la defensa de los ciudadanos que han sido víctimas en manos del poder de los que nos gobiernan. Rafael Eimil y sus cómplices se ven obligados a guardar en el cajón su proyecto de construcción de chiringuitos y banderitas azules en Vilarrube y todos los proyectos que tenían en mente, momentos Rafael Eimil manifestó sus ánimos de venganza al decir que “las tierras de Vilarrube quedarán sólo para plantar lechuguillas, que pasarían los años que pasasen conseguiría su objetivo, que el estado era un organismo competente y con poder adquisitivo suficiente para indemnizar”(expresión que repitió anos después y dias antes de ejecutar los derribos de las viviendas, declarando ”el estado tiene dinero suficiente para pagar los errores”). Los proyectos eran los mismos que están ejecutando ahora, entre ellos la construcción de chiringuitos en la playa de la Frouxeiroa en la playa de Valdoviño, , en concreto 3, construido en pleno DPMT, es decir una construcción totalmente cementada y enmascarada con madera,(ver en documentos adjuntos fotos que así lo demuestran),para poder así decir que es un simple bar de madera, y esta construcción se hace en este mismo año, apresurados para hacer negocio en la temporada estival y como beneficiario el propio ayuntamiento, y encima lo paga el jefe de la demarcación de costas, ¿será que añadieron un nuevo articulo a la Ley de Costas 22/88, articulo que los españoles desconocemos que dice:”costas le construirá chiringuitos a los ayuntamientos con el dinero de todos los españoles”? ¿Por qué para todos los proyectos que se realizan en el municipio de Valdoviño es contratada la empresa Tragsa por Rafael Eimil? ¿Cómo pueden cobrar por un chiringuito de cemento, forrado en madera para tapar el cemento, ubicado dentro de la playa, acristalado y con vistas al mar, de 100 metros cuadrados y pagar 376.000 euros, es decir casi 80 millones de las antiguas pesetas?, Dinero que sale de los fondos del estado y que pertenece a los ciudadanos, ¿y cómo es posible que la misma empresa que fue la encargada de la ejecución de los derribos, empresa Tragsa, es decir la misma presente unas facturas de casi 400.000 euros, o sea más de 80 millones de las antiguas pesetas por ejecutar 35 derribos, cuando en Galicia cada derribo cuesta 900 euros, es decir 900 por 35 suman la cantidad de 31.500 euros que son 5 millones doscientas cincuenta mil, de las antiguas pesetas ¿qué ocurre con la diferencia de dinero restante? ¿Pensaran que todos somos tontos y no sabemos sumar? ¿Quién se lucra de ese dinero?, Dinero que vuelvo a repetir que pagamos todos los españoles, y todavía quedan tres chiringuitos mas por construir de las mismas características y titularidad el ayuntamiento de Valdoviño y el coste del inmueble será el mismo, ¿no les parece demasiado caro casi 80 millones de pesetas por unas tablas y unos cristales? Tablas que pusieron sobre las dunas en la playa de Vilarrube, que a pesar de ser inaccesibles, ya que tienen tramos de hasta mas de medio metro de altura, y los baños ubicados en plena arena ¿cómo podrán acceder las personas con movilidad reducida?, Tendrán que pensar en poner alas a las sillas de ruedas y no solo eso, colocan unos pipotes de hierro a mas de 365 metros hasta las primeras tablas, unos pipotes cerrados con llave que solo dispones de ella el concejal del ayuntamiento y la empresa Tragsa, y que ni las ambulancias, ni la guardia civil, disponen de ello, es decir si tienen que socorrer a una víctima, entre que llega el de la llave, ni mil vidas que tenga la víctima llegaran a tiempo, así que lo mejor será llamar al juzgado para que levanten el cadáver, porque tras tanta espera, ya me contaran. Esta Asociación a demandado por estos hechos. ¿Parece todo esto que vivimos en una democracia? Seamos realistas y abramos los ojos, ¿Qué esta pasando en España?¿donde esta llamada democracia?, ¿No es casualidad que todas las obras que se realizan en el ayuntamiento de Valdoviño, incluida las ejecuciones de los derribos de las viviendas, las realizara la misma empresa Tragsa? La misma empresa que obedeció las ordenes de Rafael Eimil, tal y como declaro en el juzgado, “ellos tenían órdenes estrictas de derribar todas las viviendas parcialmente ese mismo día, hubiese o no propietarios. ¿Quién se queda dentro de su vivienda cuando de repente siente un tremendo ruido, salen y ven un boquete en su vivienda?, y tiene el santo morro Rafael Eimil que presencio los hechos que los propietarios le rogaron que les derribaran y que fue todo muy pacifico, además de delincuente es un mentiroso ¿no es un delito mentir ante un juez?, esperemos que la justicia lo castigo por el daño que ha hecho y que no vuelva haber victimas de estas características.

Por su parte, el concejal de obras, se tubo que tragar sus palabras de que “por sus cojones que no pondría una sola piedra en la playa de Vilarrube”, y se vio forzado a arreglar el único de acceso a la playa. Gracias a la Alcaldesa Elisa Garrido, tras comprobar que los propietarios tenían todo en regla, verificando que era engañada por el concejal de obras. El defender una realidad, le costo un acoso por parte de este concejal de obras, afectándole enormemente su estado emocional, que se vio obligada a no presentarse en las siguientes elecciones, era una gran persona y muy humanitaria y que desde aquí agradecemos su labor en ese Ayuntamiento, gracias a ella mejoraron grandes cosas, principalmente el bien de los vecinos y de los habitantes de A Atalaya, se sentían seguros, se arregló el acceso a la playa, se enumeraron las viviendas tal y como le correspondían, comenzaron a hacer la recogida de basura, después de tantos años pagando por la recogida de basura y careciendo de tal servicio, etc. Pero esto duro, hasta el nuevo cambio en la alcaldía por las razones que ya se han reflejado, y comienza el pánico entre los vecinos de lugar Atalaya.

Los éxitos conseguidos se completaron con la aprobación del deslinde de 1983 que deja claramente fuera del Dominio Público las tierras de los propietarios y que reconoce explícitamente que estos son propietarios de pleno derecho. Por su parte Ayuntamiento declaraba A Atalaya Zona Rural Consolidada, lo que implicaba reconocerla como núcleo de población municipal al que había que ir dotando de ciertos servicios.

Ante esta situación cada vez más consolidada muchos propietarios veían imposible que las cosas pudieran ya ir mal. No podían imaginarse que los más negros nubarrones despuntaban en el horizonte para ellos y que una combinación de circunstancias desgraciadas se iba a aliar para tener el peor desenlace esperado.

En 1999 se aprueba un nuevo deslinde, que es recurrido por los propietarios y que hasta julio de 2006 (es decir casi un año después de los derribos) no sale la sentencia; en la Demarcación de Costas de Galicia la nueva Ministra del Medio ambiente del PSOE sitúa de Jefe a Rafael Eimil, que como funcionario había jurado venganza a los propietarios por dejarlo en evidencia ante su anterior jefe, y en el Ayuntamiento sigue el mismo concejal de obras ¡que pesadilla¡ como siempre seguía siendo un poder en la sombra que ahora cuenta con una nueva alcaldesa más manejable. En el año 1995 el cómplice de Eimil , e ingeniero inicia otro expediente de deslinde, haciendo un estudio geomorfológico, en el año 1998 reciben los propietarios el escrito para que se presenten en la casa de la Cultura del Ayuntamiento para informarles de este nuevo deslinde, año en el que se les reconoce a los propietarios su condición de propietarios, y si en el año 1998 siguen siendo propietarios, ¿Cómo puede Rafael Eimil en el año 1991 enviar escritos de recuperación posesoria?, esto es una prueba mas de cual era su objetivo. Existen en esta historia infinidad de presuntas irregularidades, la mencionada y otra entre tantas como el informe emitido por la demarcación de costas en el año 1995 que señala que estas propiedades si tienen las características de DPMT y dos años posteriores en el año 1997, se hace otro informe de ingeniero de canales, puertos y caminos que señala todo lo contrario (explicado en los párrafos anteriores), es decir ahora si, ahora no. Conclusión “el que la sigue lo consigue” y así aconteció.

En 1999 la Demarcación de Costas de Galicia consigue que se apruebe por Orden Ministerial un nuevo deslinde para la Playa de Vilarrube que incluye las tierras de propiedad privada de A Atalaya. Las razones para realizar el nuevo deslinde no las contempla la propia Ley, dado que la zona ya estaba deslindada en el mencionado deslinde de 1983 y en ese caso solo se pueden hacer nuevos deslindes si hay modificación de las condiciones físicas o de la línea del mar, algo que en tan pocos años es inconcebible y de hecho no ha ocurrido. La Demarcación de Costas de Galicia alega su propio informe geomorfológico de la zona que concluye de forma poco clara que las tierras de A Atalaya, efectuado además en el año 1995, es decir 7 años después de la ley 22/88, en el que sé regia el deslinde aprobado por O.M y dejaba fuera estas tierras) “se pueden considerar dentro del Dominio Público Marítimo Terrestre” justificándose en la aparición entre la tierra pura y dura de algunas arenas y conchas en los niveles inferiores como únicas y dudosas pruebas a las que se agarran. Lo ambiguo del informe permite afirmar también lo contrario: si se pueden considerar Dominio Público también es cierto considerar como que no son Dominio Público.

Respecto al informe geomorfológico efectuado en 1995 presentado por Costas mucho hay que decir, informe que se presento en el deslinde tres años mas tarde. ¿como pueden dar mas valides a un informe realizado tres años 1995, que a informe efectuado posterior en 1997 efectuado por un ingeniero de canales, caminos y puertos, un estudio que deja claro que estas tierras no tienen las características que se señalan en la ley de costas, en los artículos 3y 4, ya que en los mencionados artículos, no habla de terrenos coluviales (terrenos coluviales son siempre de origen continental, jamás marítimo) ¿cómo puede ser que los estudios geomorfológicos antes del año 1983, es decir antes del deslinde aprobado por O.M deje fuera estas tierras del DMPT porque no tienen las características para ello, y que en el año 1995, sin cambiar la morfología de terreno, el estudio que realiza costas, que claro esta es un funcionario del estado diga si, y que el estudio realizado en el 1997 diga nuevamente que estas tierras no tienen las características de DPMT, ¿no significa todo esto que es que el objetivo era arrebatarles las tierras a los propietarios a toda costa?. Y cumplir asi el objetivo perseguido desde décadas.

La AAPV contrata a un abogado para recurrir la Orden Ministerial de deslinde, primero por vía administrativa y luego judicial. Los propietarios tenían múltiples razones a las que asirse y que fueron alegadas: la mencionada improcedencia del nuevo deslinde habiendo uno reciente, y que además no puede realizarse otro deslinde sin antes declarar el anterior lesivo (nulo) algo que no ocurrió; lo ambiguo del informe geomorfológico de Costas; la existencia de un núcleo rural consolidado; la defensa del derecho de propiedad por parte del artículo 33 de la Constitución. Etc. La razón estaba claramente de su parte ¿Cómo era posible que alguien comprase una propiedad a un señor que antes la había heredado de su padre, y este de su abuelo, y este de su tatarabuelo, y así hasta perderse en el tiempo; y que ahora, de un año para otro, se diga que es del Estado por que siempre lo fue, y que nunca pudo haber sido de particulares porque la propiedad pública es imprescriptible, inenajenable, etc.., cuando jamás fue del estado? A priori parecía fácil la defensa de los propietarios. Era un ultraje quitar a alguien su propiedad sin indemnización y simplemente diciéndole que esa propiedad nunca había sido suya por lo que no le correspondía nada a cambio. Es como si ustedes tienen una tierra con una casa y de pronto les dicen que eso no es suyo, que nunca lo ha sido. Que se acaba de descubrir gracias a un informe que dice que eso puede no ser suyo porque según la ley X esa tierra y esa casa son del Estado y siempre lo han sido, pero hasta ahora no se sabía, nadie lo sabía. Y que sus escrituras, títulos de compraventa, etc. no valen nada, porque nadie hasta ahora, ni él que le vendió la tierra, ni el notario que participó en la compraventa, ni el registrador de la propiedad, ni el mismo Estado, sabían hasta este mismo momento que esas tierras eran del Estado. Esto suena surrealista, algo propio de una novela de Kafka.

En fin, si surrealista era el planteamiento, surrealista fue el desenlace. Ahí empezó el suplicio para los propietarios: primero en la Demarcación de Costas de Galicia no se aceptó la alegación de ningún propietario y las copias de las escrituras de propiedad se extraviaron dentro de las dependencias de la Demarcación de Costas. Luego por vía administrativa se confirma el deslinde. Luego por vía judicial la Audiencia Nacional acepta el recurso pero falla a favor de Costas Por fin, queda el recurso al Tribunal Supremo que es aceptado y está a la espera de fallo en el momento del derribo y que de fallar de costas, la propia ley de costas dice que si unas tierras antes privadas, se ven afectados por el deslinde, pasan a ser tierras en derecho concesionales(es decir, las tierras privadas tendrán una concesión de 30 años mas otros 30 años prorrogables, concesión para los propietarios tal y como estaban las propiedades antes de la sentencia).esta sentencia del supremo sala casi un año después de los derribos, es decir el día de los hechos no estaba confirmada si estas propiedades iban ser incluida en DPMT. Los propietarios estaban tranquilos, porque aunque se incluyesen sus propiedades, tenían en derecho la concesión de las mismas y podían finalizar el resto de sus vidas allí, algo que este Jefe de la Demarcación les arrebato “sus ilusiones” .

Es en este trance cuando después del 21 octubre 2005 comienzan a llegarles a los propietarios cartas de la Demarcación de Costas de Galicia anunciando el próximo derribo de sus viviendas, bajo la amenaza de que si no las derriban ellos mismos se las derribará la propia Demarcación para lo que les cobrará una abultadísima factura en concepto de gastos de derribo. Se trata de una extorsión en toda regla, destinada a sembrar el miedo entre los propietarios. Al mismo tiempo el Sr. Eimil dice a los propietarios que será mejor que no acudan a la prensa y que así él se portará bien. Se trata de un ejercicio de prepotencia por parte de autoridad pública, dado que todas estas medidas de coacción para privar de sus propiedades a sus legítimos dueños las realiza sin ningún respaldo judicial. No tenía autorización judicial para el derribo ni siquiera existe ningún expediente de sobre las viviendas y además todavía estaba en espera de sentencia el recurso del deslinde ante el Tribunal Supremo (recordar nuevamente que del fallo que hablamos es sobre las tierras y que la sentencia sale casi un año después de ejecutarse los derribos de las viviendas) ¿Cómo iban los propietarios a aceptar tal cosa sin saber si los jueces daban la razón a Costas? Y sabiendo además que en caso de que el Supremo aprobara el nuevo deslinde, las propiedades antes privadas pasarían a ser terrenos concesionales, es decir se les concede a los propietarios la concesión de 30 años más otros 30 para el disfruto de sus propiedades tal y como las tenían antes del 30 de noviembre de 2005, fecha de la ejecución y destrucción de Vilarrube. Algo que es obligatorio por ley.

EL DERRIBO

En la madrugada del 30 de noviembre del 2005, en pleno mes de invierno, todavía sin amanecer y diluviando, comenzó a hacerse efectivo el derribo de las 34 viviendas situadas en lugar Atalaya de Vilarrube (Valdoviño; A Coruña), a mas de 500 metros del DPMT por parte de la Demarcación de Costas de Galicia, siendo encabezado el equipo de derribo por el Jefe de la Demarcación Rafael Eimil, que dio la orden de derribo sin tener orden judicial alguna y siendo conocedor que era un requisito imprescindible para tal ejecución y conocedor además de que la ley no permite derribar ninguna construcción existente en los 500 metros de DPMT, es decir era consciente de lo exigido legalmente. Desde meses antes el Sr. Eimil ya había cometido su primer presunto delito, preparado una campaña de prensa difamando a los propietarios y engañando a los ciudadanos, tratando a los propietarios de okupas y sosteniendo la mentira de que no tenían títulos de propiedad, ni recibos de contribución, y que el derribo se iba a hacer porque todos los propietarios invadían ilegalmente el dominio público marítimo-terrestre.

El Sr. Eimil cierra el único acceso a la playa de Vilarrube a las 6.45 de la madrugada del 30 de enero del 2005 (todavía noche en esas fechas), impidiendo el paso a los propietarios que no estuviesen en sus casas y a la prensa, porque no quería testigos, y no abrió el acceso hasta las 10:30, cuando ya se habían derribado parcialmente todas las casas, árboles, etc. Este es un segundo delito, pues está prohibido cerrar el acceso a una playa pública, todos los ciudadanos tienen derecho a ir a una playa los 365 días del año. Encima puso un cartel que ponía “cerrado por obras”, cuando debería poner “por destrucción del medio ambiente”. Ante la petición de la orden judicial por parte de los propietarios, la respuesta de Eimil fue que a él no le hacía falta orden judicial, y los amenazó diciéndoles: “no se preocupe; vaya juntando el dinero para pagar la multa, que a ver como la va a pagar” y que el lunes vendría con ella (algo que jamás consiguió porque hasta la fecha no existe orden judicial alguna), y dando orden a sus empleados que continuaran con el resto se alejó. Consiguieron meterles el miedo en el cuerpo al igual que al resto y a lo largo de ese día continuó el derribo de las viviendas. Y yo me pregunto: ¿No es delito utilizar como escolta privada a un cuerpo de seguridad del Estado (Guardia Civil)? ¡Si a quien tenían que defender era a los propietarios; Ellos eran las víctimas, estaban destruyendo sus viviendas. Por suerte a estas alturas ya no solo se hacen esta pregunta los propietarios ultrajados de Vilarrube, sino también la autoridad judicial, y los diputados en el Congreso, en que le piden explicaciones al gobierno.

El motivo del derribo es que la Demarcación de Costas considera que estas viviendas estaban construidas en dominio público marítimo-terrestre desde que se la ley de costas 22/1988, haciendo caer las tierras de propietarios privados dentro del dominio público y pasando a considerarlas desde entonces ocupaciones ilegales de este mediante una interpretación retroactiva del derecho de propiedad, que a mi juicio es cuando menos insólita y contra derecho, por cuanto no se está recuperando el dominio público de una ocupación ilegal, cuando realmente no estaban ubicadas las viviendas en DPMT, y es pendiente de sentencia del supremo para definir si se incluirían en el nuevo deslinde, por lo tanto no tienen nada que recuperar, El fundamento en que se basa la Demarcación al acusar a los otros propietarios de ocupantes ilegales del dominio público es un batiburrillo legal en el que mezclan y usan de mala fe varios artículos de la Ley de Costas 22/88, obviando que eran terrenos privados. Según la Demarcación, aunque los propietarios de las tierras han adquirido sus propiedades cuando eran terrenos privados no pertenecientes al dominio público, terrenos en los que el deslinde del año 1983 por el que se rige la ley del 22/88, dejan fuera estas tierras, y el Jefe de la demarcación sin esperar a que se resolviera el expediente judicialmente (había un recurso contencioso administrativo por parte los propietarios que había sido admitido por el Tribunal Supremo, por la titularidad de las tierras)dio orden de derribo, como si hubiese algún expedienta abierto de las viviendas o alguna resolución judicial firme, algo que quiero dejar claro todo el proceso es sobre la base de las tierras, y todas las administraciones como el Presidente del Gobierno, Ministra Medio ambiente etc. sabían que existían esas viviendas e hicieron caso omiso. Para el Señor Eimil desde el deslinde de 1983 estos terrenos ya dejaron de ser privados, pasan a ser públicos, porque lo decía el y punto, a pesar de que existen informes emitidos de la propia demarcación de costas en los que señala que estas propiedades no pertenecen al DPMT, y si son públicos no pueden ser privados por muchos títulos de propiedad que aporten, dado que el dominio público es imprescriptible, inalienable e inembargable. Así que sus ocupantes se han convertido en ocupantes ilegales del dominio público y no solo sus derechos de propiedad han desaparecido a favor del Estado sin recibir indemnización alguna a cambio, sino que además han de ser sancionados sus “propietarios” por ocupantes ilegales. Este es el argumento tautológico y falaz que se esgrime por parte de la Administración.

La Demarcación de Costas se ha obcecado en su absurdo argumento y ha hecho caso omiso a todos los documentos que le presentaron los propietarios para acreditar la posesión de sus tierras: a la presentación de títulos de propiedad por parte de los afectados en la Demarcación de Costas, títulos y demás documentos que acreditan la propiedad y que fueron presentados repetidas veces en la demarcación de costas y que nuevamente y tras salir la sentencia del supremo, los afectados reclaman lo que el supremo señala en la sentencia y es la concesión en derecho, tras meses de espera, la Demarcación de costas vuelve a requerir la documentación, ¿Qué sucede en la Demarcación de costas de Galicia, que no encuentran los documentos?¿que sucede con ellos, tras haber sido enviados en numerosas ocasiones?. Cansados los afectados en enviar los mismos documentos, optan al ser nuevamente requeridos, enviarlos a la Demarcación de costas de Galia(recordarles, que Rafael Eimil sigue ostentando el cargo de Jefe de Demarcación de costas de Galicia, a pesar de estar imputado y es el encargado de resolver los expedientes) y simultáneamente se remiten al Ministerio de Medio Ambiente en Madrid, para que si se extravían en un sitio que no se extravíen en el otro, ¡será casualidad que se extravié en ambos, no¡ y esperamos así que el propio Ministerio de Medio Ambiente en Madrid supervise los expedientes, y no permita que se vuelva a infringir un derecho. Estando Rafael Eimil encargado de esos expedientes ¿Qué piensan que va a ocurrir? ¿Les negara el derecho de concesión, algo que les corresponde por ley?, en esta España todo es posible, esperemos que el Estado empiece a demostrar que vivimos en una España Democrática. Destacar que tampoco se puede vulnerar el articulo 33 de derecho de la propiedad y Rafael Eimil se lo salto a la torera.

La ley de costas 22/88, establece 100 metros desde la marea mas alta, en este tramo de Vilarrube quedaría en mas de 500 metros ¿no es la ley igual para todos?¿será que el metro de Rafael Eimil para medir las distancias, varíen según de que playa se trate?¿porque a estos propietarios les arrebato lo que es de su propiedad, sin nada a cambio y en este año indemnicen al restaurante de la playa de Ver, ubicado en pleno arenal y propiedad del estado y al aparta hotel ubicado en la misma situación, con grandes sumas adineradas?, esta es una prueba mas de que la clase obrera no tiene los mismos derechos que la clase medio-alta. ¿no somos todos iguales ante la ley? ¿por qué especialmente en esta zona, lugar Atalaya de Vilarrube? En esta zona que no existe ninguna de las justificaciones que estipula la Ley de Costas, dado que según esta solo se puede ampliar si cambia el nivel del mar, y hasta la fecha del derribo no se daba esta circunstancia; el nivel del mar no varío nada.

Rafael Eimil se limitó a afirmar que.” él podía derribar aunque no hubiese una sentencia firme del supremo de la inclusión de estas propiedades en DPMT y que si luego la resolución judicial era contraria a sus propósitos, como el Ministerio de Medio Ambiente es solvente para indemnizar, pues se indemniza lo que corresponda y santas pascuas”. Se actuó con arrogancia y con atropello a los ciudadanos, sin tener en cuenta que los perjuicios producidos serán irreparables para los propietarios ni que de fallar al final el Tribunal Supremo a favor de los propietarios la Administración tendrá que indemnizarlos con dinero público, es decir, con un dinero que es de todos. Además la resolución administrativa crea serias dudas, pues no sé cómo pudieron llevarla adelante cuando no se dan las circunstancias que exige la Ley de Costas. Se presentaron pruebas como las del año 1989 en que le Sr. Eimil perdió la ampliación por descubrirse que el informe pericial que presentó no era válido al ser extraídas las muestras del río. ¿Pueden ser las mismas pruebas?

Algunos de estos afectados son discapacitados y la proximidad de sus viviendas al mar, les ayuda a tener una mejor calidad de vida. Tenían sus viviendas adaptadas a sus necesidades, sin barreras, les han privado de poder terminar sus días en el lugar por el que tantos años han trabajado para poder pagarlo y que sus avanzadas edades fuesen más llevaderas.

Vieron como todo su trabajo se vino abajo ante la prepotencia de la Administración, que ni siquiera se ha molestado en explicarle qué derechos tiene o deja de tener sobre la tierra que adquirió legalmente con sus ahorros hace décadas y muchos de muchos de estos afectados era el único lugar que tenían adaptado a sus necesidades y que tanto sacrificio les costó poder pagar.

De la Administración solo ha llegado orden de desalojo y de derribo basándose en que reivindican esas tierras como suyas insultándoles ante la prensa como “okupas”;”okupas que invadieron ilegalmente las tierras de dominio público”. ¿Cómo pueden difamar de esta manera y engañar a la opinión pública, hasta el punto de que no hay escapatoria, nadie les ayuda? Le tienen miedo al Estado, se aprovechan de que son gente mayor y con amenazarles es suficiente, saben que así tirarán la toalla. El día del derribo estos propietarios pasaron el peor día de sus vidas, porque lo que han vivido jamás se podrá borrar de sus mentes.

Llegaron como ladrones, a las 6.45 de la mañana (todavía noche), sabían que había gente mayor en las casas; llegaron palas, más de medio centenar de agentes de la guardia civil que no movieron un dedo para comprobar si en las casas había gente, eran los propios palistas los que aporreaban las puertas y ¡ala! a pala va y ¡zas¡ un inmenso boquete se habría en la vivienda, utilizándolos mismos para entrar por ellos. Entran, extraen enseres privados para fuera de las viviendas, destruyéndoles y dejándolos a la intemperie bajo la gran lluvia que caía ese día, es decir, robaban, y el líder de la banda era Sr. Rafael Eimil, y los testigos la Guardia Civil; y a grito de “¡venga!, Dense prisa!”, el Sr. Jefe era el que daba la orden. ¿Tienen autoridad los palistas a derribar esas viviendas y entrar en ellas sin autorización de sus propietarios, sin ninguna orden mas que la del propio Rafael Eimil? ¿No es competencia de la Guardia Civil, con orden judicial en mano, orden de la que carecían por supuesto)? Guardia Civil que no ha movido ni un dedo, con las manos en la espalda, observando al líder. Los propietarios les decían que no se movían de allí si no les enseñaban una orden judicial, y él le contestó”la orden soy yo, y no se preocupen, métanse en su casa y ya volveré el lunes y pagará la sanción, a ver de dónde sacaban el dinero”. Algún propietario padece de corazón y con los nervios sufrió una hemorragia ante el Sr. Eimil que ni se inmutó, ni auxilió al mismo. Ambos propietarios terminaron en el hospital, uno con una trombosis y otro con una bajada de tensión con pérdida de conocimiento. Otro con un ataque al corazón, otros con ataque de histeria, y las únicas palabras que oían eran “cállense, sino será peor y les llevaremos detenidos para el cuartelillo, se ponían delante de las palas y la amenaza era la misma. Pasó lo que en los escritos a las administraciones comentábamos que pudiese suceder sino impedían la ejecución, pero poco les importó.

El trauma psicológico de todos estos propietarios, no lo superarán fácilmente. Solo espero que todo esto no les esté costando la vida. Por lo de pronto ya se la han acortado, ya les han arrebatado donde pasarían el resto de sus días, y aprovecharon para derribarles la casa cuando estaban en el hospital. Yo sé que poco tiempo les queda, pero esta Asociación AAPV dedicaré su tiempo a luchar por que se haga justicia, llegando hasta Estrasburgo o donde haga falta, para que se haga justicia y que los imputados paguen el daño que han hecho, y los deshabiliten de sus funciones y que su patrimonio pase a propiedad del ESTADO. Si nadie hace nada para reparar estos daños irreparables, daños que comete este Sr. Rafael Eimil aprovechándose del poder que tiene representando a una administración pública, prevaricando claramente y a estos propietarios que les toco vivir hace muchos años una dictadura, que pelearon y sobrevivieron a todo ello, luchando por una democracia, una democracia que al ver todo esto es imposible creer que existe.

La mayoría de los propietarios, se criaron en una dictadura y dejan este mundo decepcionados, pensando que Vivian en una España democrática.

¡Hemos retrocedido!. ¿Cómo pueden saltarse a la torera el artículo 33 de la Constitución, prevaleciendo por encima de la ley este señor? Este señor, que ya antes del año 1989, intentó ampliar el dominio público, algo que no consiguió, porque engañó a los cargos que estaban por encima de él, alegando que estas viviendas invadían el dominio público. Cuando se presentaron los títulos de propiedad a los altos cargos, le tiraron de las orejas. Pues bien, juró venganza, diciendo que tardaría más años pero el que ríe de último ríe mejor. Pues bien, no le falto tiempo para coger el cargo y ponerse manos a la obra. Amenazó a los propietarios que no hablasen con la prensa, que si se cabreaba iba a ser peor, y que si se portaban bien no les pasaba las sanciones. ¿Qué beneficio se lleva? Porque a mí no me queda ninguna duda de que el también entraba en los beneficios que obtendría el ayuntamiento de Valdoviño con los chiringuitos. ¡A donde vamos a parar, ahora que el estado se dedique a montarle chiringuitos a todos los ayuntamientos y los obreros trabajaran para el estado¡

Yo solo sé que no entiendo nada, que no entiendo como unos terrenos privados cuya propiedad se demostró con papeles -algo que no puede hacer la Demarcación de Costas antes del 1998, fecha de inicio de expediente- pueden ser confiscados, incautados o como le quieran llamar, por parte del Estado, sin expediente de expropiación y sin indemnizar. ¡Qué alguien nos vuelva a explicar qué dice el artículo 33 de la Constitución, porque a la luz de estos hechos para estos afectados es papel mojado!

Tampoco entiendo como la Demarcación de Costas puede hablar de recuperación posesoria del dominio público en este caso, pues no se está recuperando un dominio público indebidamente ocupado, son terrenos privados por los que se han pagado el impuesto de transmisiones patrimoniales. Insisto en que estos terrenos antes del 30.N.2005 eran privados y quedaban fuera del deslinde de la zona de dominio público marítimo-terrestre, eran terrenos privados de pleno derecho, y todavía estaba pendiente de resolverse en el Supremo si entrarían en el nuevo deslinde de DPMT, sentencia que salió en julio de 2006, cuando ya estaba todo destruido

Por último, para que tengan una información más completa de los hechos acaecidos, paso a transcribir la queja hecha de los propietarios antes de los derribos al Defensor del Pueblo, donde expone con más detalle el caso. Han de saber que cartas similares han sido enviadas por buro fax al Presidente del Gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente y al Presidente de la Xunta de Galicia antes de que se acometiese el derribo, por lo que todas estas instituciones estaban informadas de lo que ocurría pero ninguna se molestó en abrir una investigación o en detener el derribo de forma cautelar en tanto no se aclaraban los aspectos oscuros que rodean toda esta cuestión. Paso, en fin, a transcribirle parte de la reclamación al defensor del pueblo literalmente:

A/A del Sr. Defensor del Pueblo,

Propietarios de la parcela y viviendas situadas en lugar La Atalaya, Villarrube, en el término municipal de Valdoviño, (A Coruña) ante la afirmación por parte de la Demarcación de Costas de Galicia de que las parcelas pertenecen al dominio público marítimo- terrestre, y ante la orden de derribo de las viviendas edificada sobre estas parcelas, alego lo siguiente:

Alego que las parcelas y las viviendas son de propiedad privada desde los años 70, tal y como se puedo demostrar mediante escrituras de compraventa debidamente registradas en el Registro de la Propiedad (registro que no es obligatorio) y pagando el impuesto de transmisiones patrimoniales, tal y como exige la Ley. Las viviendas estaban numeradas por el Ayuntamiento de Valdoviño, y sus propietarios, pagamos la contribución urbana por metros cuadrados construidos y por la tierra desde hace décadas (el último recibo es del 2006), así como la parte que corresponde en el IRPF. Pago también los impuestos correspondientes por el servicio de recogida de basuras. Cuando compré mi parcela esta no estaba comprendida dentro del deslinde correspondiente al Dominio Público Marítimo-Terrestre, era un terreno privado que yo compré a otro particular con mis ahorros duramente ganados, y ahora, tras iniciar el expediente de deslinde a más 500 metros, expediente sin resolver judicialmente, y en que entraría estas tierras, la Demarcación de Costas de Galicia pretende “confiscar” los terreno desposeyéndolos de ellos y demoliendo sus viviendas asentadas sobre ellos, sin siquiera expropiarles ni tener intención de darles indemnización alguna y sin tener una orden judicial que le permita derribar y destruir sus viviendas y sus propiedades, con sus campos, jardines, arboles, cultivo ,etc..

¿Cómo el Estado puede despojarles de sus propiedades aplicando un nuevo deslinde con efectos retroactivos, un deslinde que pretende tomar en este caso más de 500 metros contados desde la ribera del mar en lugar de los 100 metros que marca la Ley de Costas? Un deslinde que no ha lugar por no darse las circunstancias que la ley de Costas 22/88 exige para poder ampliarse por lo que ya he mencionado. ¿Cómo puede el Estado llamarles “ocupante ilegal del dominio público” cuando las tierras fueron compradas antes de existir el deslinde aprobado por O.M en 1983 y que dejaba fuera estas tierras, y en aquel entonces eran propiedad plena de sus propietarios, correctamente inscrita en el registro de la Propiedad? ¿Cómo pueden despojarles así de sus propiedades! No entiendo como el Estado al que pertenecemos pueda robarnos nuestras tierras de forma tan burda y pueda saltarse nuestros derechos, y que esto sea compatible con la Constitución, con el artículo 33 de la constitución que dice claramente que, no se puede privar a ningún ciudadano de su propiedad sin una indemnización, hecho por el fue recurrida la ley de costas, ante el tribunal constitucional, y este sentenció, que el otorgamiento de una concesión previsto en la ley de costas, es equiparable a una indemnización, algo que ha omitido la demarcación de costas, pasándose por alto la constitución. Sé que el Estado puede expropiar la propiedad privada con la finalidad de contribuir al bien social, un hecho que tampoco se da, y la Demarcación de Costas no puede ampliar por las razones mencionadas. Y es que en el caso de estos propietarios ni si quiera se les reconoce la propiedad previa de sus tierras para que puedan ser sometidas a expropiación. Se les dice llanamente que esas tierras ya no les pertenecen porque el nuevo deslinde las ha incluido en el DPMT,(deslinde pendiente de resolverse, todavía en procedo) y que por lo tanto no ha lugar a expropiación. ¡Primero se las quitan, luego les dicen que no las pueden expropiar porque ya no son de ellos! Así que pretenden derribar sus viviendas en esta zona para hacer supuestamente un aparcamiento, chiringuitos, conseguir bandera azul. ¿Por qué? Pues porque esta tierra ahora es demanial y ellos hacen en ella lo que les da la gana, sin darles opción siquiera a obtener una concesión, cuando la propia ley de costas en la disposición transitoria, así lo dice claramente.

El Sr. Eimil ya consideró estas tierras de dominio público desde 1989, antes de que se iniciara el nuevo deslinde en el año 1995, tal y como pueden comprobar en las sanciones que la Demarcación de Costas imponía a vehículos aparcados dentro de terrenos privados, así como a tiendas de campaña que los propietarios tenían en sus tierras, bajo la acusación de que estaba totalmente prohibido aparcar y acampar en dominio público. Se les informaba a la demarcación que existen los títulos de propiedad y que esas tierras quedaban fuera del deslinde de Costas (poseen pozos con agua dulce), y al que se le informó también del cometido de las tiendas de campaña situadas en tierras privadas, que no era otro que el fin social y ecológico de la convivencia e integración de discapacitados con las familias de la playa y con la naturaleza. Gracias a estas familias algunos de estos discapacitados tocaron por primera vez el mar con ayuda de las familias. Se consiguió que muchos discapacitados, algunos sin familia, pudiesen disfrutar de unas vacaciones en la playa y poder tocar el mar, que muchos no lo habían podido hacer antes. Las familias y los discapacitados conocían y aprendían a valorar el medio ambiente, limpiando la playa, ya que el ayuntamiento no lo hacía (hay videos que lo demuestran) hasta hace un par de años en que la Asociación estaba dispuesta a demandarlo porque es su obligación. Ayudaron como voluntarios a la Asociación de Amigos de la Playa de Vilarrube, y ayudaron las familias de la playa aportando ayuda económica y arreglando durante años el acceso a la playa, dado que le ayuntamiento se negaba a hacerlo. De todo esto existen videos privados y de cadenas de televisión, así como numerosos testigos

Se ha denunciado al Estado (Demarcación de Costas) y al Ayuntamiento por todo el daño que han hecho y confío en que haya justicia y que devuelvan a sus propietarios sus tierras y sus viviendas, que lo puedan ver ellos mismos y poder disfrutar de los años que les quedan, en las propiedades que les arrebataron.

Actualmente el Sr. Rafael Eimil está imputado por los jueces y el propio fiscal del Estado por 35 delitos penales, por allanamiento de morada y subsidiariamente por quebrantamiento de la inviolabilidad del domicilio Se ha demostrado que ha cometido todos estos delitos al ejecutar los derribos de viviendas sin una orden judicial. Suponemos que la Justicia depurará responsabilidades, en principio la defensa del Sr. Eimil se sustenta en la mentira. La excusa que presenta el Sr. Eimil para justificar su actuación es increíble, impropia del código deontológico de un funcionario público, dado que es una burda mentira: el Sr. Eimil pretende hacer creer ahora a los jueces que el derribo fue de mutuo acuerdo con los propietarios y que estos se lo solicitaron voluntariamente. Las pruebas en contra de esta versión son abrumadoras, pero ya sabemos que siempre hay formas de eludir a la Justicia. Esperamos que este no sea el caso.

Este Sr. Eimil ha utilizado el dinero de todos los ciudadanos para cumplir su venganza prometida en 1989, y se apresuró a realizar los derribos antes de terminar el año para así poder engordar las facturas con este derribo, para justificar el dinero que ya se había gastado –a saber en qué-, dinero recibido de la UE para todos los ciudadanos. ¿Se puede creer que el derribo de 47 viviendas pueda costar 481.ooo euros? Así lo publicó en prensa.

¿Por qué en toda España son 100 metros y Rafael Eimil , mide según convenga, prueba de ello, en la playa de Vilarrube, desde donde llega la marea mas hasta, hasta donde estaban ubicadas las viviendas, había 753 metros, excepto en una que no han derribado, que está a 20 metros, pero el dueño es pariente del concejal de obras, y en este mismo año 2007 ha obtenido licencia del propio concejal para ampliarla y hacer como quisiera, eso planto un cierre vegetal para que no se vea mucho, el nombre del metro que utiliza Rafael Eimil se denomina “metro enchufismo ”según convenga así se mide.. El proyecto que querían hacer el ayuntamiento y Costas antes de 1986 era comprar las tierras, hacer un camping, chiringuitos y conseguir la bandera azul con fines lucrativos, todos se llevaban tajada y como los propietarios no vendieron decidieron ampliar el deslinde para hacerse con las tierras. En aquel momento les salió mal pero ahora lo han conseguido, y este Sr. Rafael Eimil, dijo que como sabía que iba a ganar en Madrid, en el Supremo, pues ya tenía el trabajo hecho. El proyecto, guarda en un cajón durante años y tal y como prometió que tardarían años pero lo conseguiría,¡ que disfrute de su victoria¡ pero esperamos que la justicia sea rápida y le haga pagar el daño. Hace años sancionaban por estacionar en dominio público y ahora van a hacer un aparcamiento en pleno DPMT. Luego abrirán 2 bares que ya están en el proyecto y más adelante el camping. Si a todos estos hechos ocurridos se les llama democracia ¿Qué es una dictadura? Estoy segura que si los propietarios de estas tierras y viviendas fuesen de clase alta no les ocurriría esto. Pero son familias de trabajadores.

Y lo pero de todo, es que a pesar de haber transcurridos casi dos años desde los hechos, sigue vivo ese 30N2005 en las vidas de los propietarios y ya existen planos para la construcción de grandes chales denominada “URBANIZACION LA ATALAYA”, precio de los mismos 300.000 euros, que colectivo se beneficiara ahora de las propiedades arrebatados a estos propietarios que trabajaron toda una vida y con mucho sacrificio para poder comprar sus propiedades. ¿no podían esperar un poco mas para que no se viera tan claramente, que todo esto fue un interés puramente lucrativo?

Los propietarios, a pesar de haberles derribado han tenido que pagar los recibos de IBI en 2006 por los por la tierra y la vivienda, está calificado como suelo urbano, y pagaron hasta la fecha la recogida de basuras porque era zona residencial.

¡Poco vale la Constitución, los derechos! Con todos estos propietarios se han saltado a la torera el artículo 33 de la Constitución. En España el que tiene poder encuentra el medio de hacer lo que quiere. Casas que llevan décadas construidas y terrenos heredados algunos de sus abuelos, tatarabuelos, etc., no significan nada para quien tiene el poder.

Por todo ello, alego que estas parcelas son propiedad privada y no del dominio público marítimo- terrestre, por lo que considero que la Demarcación de Costas no puede atribuirse el derecho a derribar las viviendas de estos ciudadanos porque ocupen ilegalmente el dominio público, dado que en ningún momento se ha efectuado un proceso de expropiación mediante el cual hayan dejado de ser propietarios de estas propiedades. De ser así hubiese sido obligado notificárselo, e iniciar todos los trámites del proceso expropiatorio que establece la Ley de Expropiación Forzosa, determinando el justo precio según la Ley 6/98, de 13 de abril, Sobre régimen del Suelo y Valoraciones, algo que en ningún modo ha ocurrido.

Es inaudito que estas propiedades estén registradas a nombre de sus propietarios, que sigan todavía este año 2006 pagando la contribución urbana, por la tierras y viviendas a pesar de no existir desde el 30 de noviembre de 2005 con lo cual se les sigue reconociendo como propietarios, ya que según la Ley la contribución tiene por sujeto pasivo al propietario del inmueble (del suelo); y todos los bienes del DPMT están exentos de estos impuestos y que la Demarcación de Costas de Galicia considere sin embargo que esta propiedades son del estado, ¿por qué existen estos impuestos, si son del estado? Quién es más ilegal ¿el Estado que está cobrando impuestos por tierras que dice que le pertenecen (recogida de basura, IBI, impuestos patrimoniales, etc.) o los propietarios afectados, que no tienen defensa alguna frente a la institución más poderosa?

Recuerdo a todos los lectores que cuando se realizó el derribo todavía estaba pendiente de resolución un recurso de casación ante la Sala 3ª de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acerca del nuevo deslinde del dominio público marítimo-terrestre en Vilarrube, no se puede contemplar como la Demarcación de Costas afirma, como una recuperación de oficio del dominio público marítimo-terrestre indebidamente ocupado, dado que estas tierras fueron adquiridas en propiedad cuando estaban fuera del dominio público marítimo-terrestre. La ampliación posterior del dominio público, englobando estas tierras dentro de este, no puede dar lugar a considerar a sus antiguos propietarios como ocupantes ilegales de sus tierras.

La propia Ley de Costas 22/88, conforme a la que la Demarcación dice actuar, ofrece fórmulas para compensar a los antiguos propietarios que tienen títulos de propiedad adquiridos cuando el deslinde el DPMT los dejaba fuera de la propiedad demanial, tal y como recogen las Disposiciones Transitorias de la Ley de Costas 22/88. Entre ellas está el otorgamiento de una concesión por 30 años prorrogables en otros 30, por el que los antiguos propietarios particulares pasan a ser titulares de un derecho de ocupación del dominio público marítimo-terrestre respetando los usos y aprovechamientos existentes (por lo tanto si el uso es residencial, como es el caso, se habría de respetar este uso y no cabría el derribo). Lo que es ilegal es obviar la existencia de estos títulos de propiedad y no reconocerles a los antiguos propietarios ningún derecho y ninguna compensación.

La definición de dominio público tiene que respetar el artículo 33 de la Constitución, donde se reconoce el derecho a la propiedad privada (que en este caso se niega incluso con anterioridad) y que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, y siempre mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. El capital, el trabajo y las ilusiones invertidas durante toda una vida en estas propiedades, levantada con sus propias manos suprimiendo las barreras muchos de ellos, no podrían ser compensadas ya con nada.

Desde nuestra pagina, queremos homenajear a estos afectados y darles ánimos para que confíen en la justicia, que verán como sus deseos de ver que se hace justicia se cumplirá.

Que entendemos perfectamente lo que están pasando, y desde aquí intentaremos ayudarles, en lo que este en nuestras manos.

Visite nuestro apartado de documentos adjuntos para ver fotos y documentos de nuestras historias, en el encontraran fotos de ese fatídico 30 de noviembre de 2005 y podrán conocer el antes y el después del Lugar atalaya de Villarrube y comprobar así, como el estado destruyo todo y manipulo el medio ambiente.

Desde esta asociación se ha abierto una recogida de firmas, para evitar que casos como este no sigan ocurriendo. Pincha la pestaña correspondiente a firmas y ayuda a que esta España, sea democrática de verdad.

La Asociación AAPV, agradece el tiempo que ha invertido en leer esta historia, consiguiendo así, que de alguna manera estos afectados, se sientan escuchados. Gracias por vuestra atención y colaboración.